Responsabilidad penal de las personas jurídicas
Crimen organizado y delito ambiental
El Código Penal no incorpora una agravante por crimen organizado ambiental. Se aplicarán a los delitos ambientales en concurso de delitos las disposiciones generales de los arts. 570 bis y ter (que distinguen dos figuras: organización y grupo criminal, en función del grado de organización y estabilidad) en concurso de delitos. Ello da lugar a una importante agravación que cumpliría con la exigencia de la nueva directiva de que los Estados incoporen agravantes por este aspecto y garantiza penas elevadas. No obstante, generará un debate sobre si es más adecuado recogerlo de forma expresa, a través de una pena equivalente a la que resultaría del concurso de delitos descrito. 
El art. 329 CP persigue la prevaricación ambiental. Para evitar lagunas de punibilidad, este tipo sanciona conductas que no podrían ser incluidas en la prevaricación genérica del art. 404 CP porque no se consideran una forma de resolución. Así, por ejemplo, se sancionan conductas como informar favorablemente la concesión de licencias manifiestamente ilegales, omitir la realización de inspecciones o silenciar que de las mismas se deriva la infracción de leyes o disposiciones normativas. Ahora bien, este tipo sólo alcanza a las agresiones contra el medio ambiente, pero no contra la flora y fauna. Ello plantea problemas de persecución de formas de corrupción pública en este último grupo de delitos ya que, como se ha indicado, la prevaricación genérica no las incluye, siendo ésta una de las lagunas que se identifican en los delitos contra la flora y la fauna.
Desde un punto de vista político-criminal, el Informe elaborado por el Consejo de la UE sobre España señala que la Estrategia de Seguridad Nacional aprobada por el Real Decreto 1008/2007, de 1 de diciembre de 2017 «plasma objetivos generales para garantizar la seguridad de España y de los españoles, y tan solo incluye una referencia genérica a la protección medioambiental» . Con posterioridad a este informe, España ha adoptado una Estrategia Nacional contra el Crimen Organizado y la Delincuencia Grave 2019-2023, en la que los delitos ambientales se contemplan en su tercer eje de actuación sobre «Lucha contra los mercados criminales y las graves formas delictivas» y se considera como delincuencia «muy relevante».
Estas cuestiones deberán abordarse cuando se considere la transposición de la nueva Directiva sobre Crimen Ambiental que sí ha introducido cambios relativos a la tolerancia activa del delito por parte de la Administración y la consideración del crimen organizado como agravante.