Relación entre la aplicación y sanción penal y administrativa de los delitos contra el medio ambiente
Sanciones administrativas consideradas penales
No todo incumplimiento de una obligación legal constituye un acto delictivo. Que un acto ilícito pueda considerarse delito depende de la legislación nacional y de las circunstancias concretas de cada caso. El criterio según el cual el legislador suele diferenciar entre sanciones administrativas y penales es la seriedad o gravedad de la agresión y el grado de daño o puesta en peligro.
La legislación de numerosos Estados miembros prevé una serie de multas administrativas, que dependen principalmente de la gravedad de la infracción y de sus efectos sobre el medio ambiente. Las medidas administrativas adicionales incluyen la restricción, suspensión o prohibición de la actividad; la anulación de la licencia o la restricción de sus condiciones; la incautación de herramientas, maquinaria y equipos; la suspensión del derecho a obtener subvenciones u otros beneficios otorgados por las autoridades o servicios públicos nacionales o europeos; la pérdida de beneficios fiscales, beneficios crediticios y financiación crediticia adquiridos antes de la infracción; la imposición de medidas de rectificación o corrección al operador; el cierre de la instalación en cuestión, etc.
Desde la sentencia Engel (Engel y otros contra los Países Bajos, 5100/71; 5101/71; 5102/71; 5354/72; 5370/72), el TEDH ha aclarado que la calificación nacional no es el único criterio para evaluar la naturaleza de una medida sancionadora, y que incluso una medida formalmente administrativa podría considerarse de naturaleza penal.
El TJUE ha tenido en cuenta la jurisprudencia del TEDH, en particular en lo que se refiere a la apreciación del carácter penal de una sanción. Lo más notable es que ha prestado cada vez más atención a definir lo que equivale al principio de ne bis in idem, y a la conducta material y no a su calificación jurídica, a pesar de que el Protocolo nº 7 del CEDH se refiere a la "infracción" en lugar de a los hechos (véase Zolotukhin contra Rusia, 14939/03, apartados 33-38).
En efecto, las sanciones administrativas pueden resultar tan punitivas como las medidas penales. Una sanción penal puede adoptar la forma incluso de multas o medidas administrativas bastante bajas (por ejemplo, la revocación de la licencia urbanística en Morscher, 54039/00, de la jurisprudencia del TJUE, véase C-45/08, Spector Photo Group y C-60/12, Baláž).
Las sanciones penales, tanto penales (en sentido estricto) como administrativas, activan las salvaguardias previstas por el derecho penal, incluidos los principios de legalidad y el derecho a no ser procesado o castigado dos veces por el mismo delito (ne bis in idem).