Relación entre la aplicación y sanción penal y administrativa de los delitos contra el medio ambiente
Introducción
La política oficial de la UE hace especial hincapié en estimular el uso de la aplicación penal y, al mismo tiempo, pretende reforzar los sistemas de aplicación que se basan en gran medida en la aplicación administrativa. Los Estados miembros, al transponer la Directiva sobre delitos contra el medio ambiente, tienen que añadir a las prohibiciones existentes algunas sanciones penales. Muy a menudo, mantienen una combinación de sanciones administrativas y penales que debería conseguir que sólo los infractores que cometan las infracciones más graves y perjudiciales sean perseguidos penalmente, mientras que las infracciones menos graves pueden ser objeto de una sanción administrativa.
Muchos países, como Alemania, Dinamarca, Austria o la República Checa, aplican una amplia legislación en la que se detallan las sanciones administrativas por delitos medioambientales, junto con las penales. Incluso varios países europeos que en el pasado se basaban predominantemente en un control penal han pasado recientemente a un mayor control administrativo. La imagen general que se desprende de esta evolución es una tendencia hacia sistemas combinados de control penal y administrativo. Esto está en consonancia con varios estudios, que sostienen que, en la práctica, la dependencia exclusiva de la sanción penal no es la vía más eficiente para la aplicación de la normativa medioambiental. El efecto hipotético de pasar a un sistema combinado de aplicación de la normativa puede resumirse del siguiente modo: aumenta la probabilidad de que se sancione una infracción, por lo que aumentan los costes previstos del incumplimiento para los posibles infractores, lo que se traduce en un menor número de infracciones medioambientales. La principal diferencia entre los sistemas sancionadores es que las sanciones administrativas son más fáciles de imponer (y, por tanto, se supone que más baratas) que las penales, debido a lo complicado del procedimiento penal y a la coste-eficacia de las sanciones penales. En la práctica, el grupo más numeroso de pequeños infractores puede ser tratado de forma más cooperativa, recurriendo a la posibilidad de amonestaciones administrativas.