COMBATTING WASTE CRIME

La obligación de criminalización concierne:

1. el vertido, la emisión o la introducción de una cantidad de materias o de radiaciones ionizantes en la atmósfera, el suelo o las aguas, que causen o puedan causar la muerte o lesiones graves a personas o daños sustanciales a la calidad de la atmósfera, la calidad del suelo o la calidad de las aguas, o a animales o plantas;
2. la recogida, el transporte, la valorización o la eliminación de residuos, incluida la vigilancia de estas operaciones y el mantenimiento posterior de los lugares de eliminación, así como las acciones realizadas en calidad de negociante o agente (gestión de residuos), que causen o puedan causar la muerte o lesiones graves a personas o daños sustanciales a la calidad del aire, la calidad del suelo o la calidad del agua, o a animales o plantas;
3. el traslado de residuos, cuando esta actividad entre en el ámbito de aplicación del artículo 2, apartado 35, del Reglamento (CE) nº 1013/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2006, relativo a los traslados de residuos, y se realice en una cantidad no despreciable, ya sea en un único traslado o en varios traslados que parezcan estar relacionados;
4. el funcionamiento de una instalación en la que se lleve a cabo una actividad peligrosa o en la que se almacenen o utilicen sustancias o preparados peligrosos y que, fuera de la instalación, cause o pueda causar la muerte o lesiones graves a cualquier persona o daños sustanciales a la calidad del aire, la calidad del suelo o la calidad del agua, o a animales o plantas;
5. la producción, transformación, manipulación, utilización, posesión, almacenamiento, transporte, importación, exportación o eliminación de materiales nucleares u otras sustancias radiactivas peligrosas que causen o puedan causar la muerte o lesiones graves a personas o daños sustanciales a la calidad del aire, la calidad del suelo o la calidad del agua, o a animales o plantas;
6. la matanza, destrucción, posesión o captura de especímenes de especies protegidas de fauna o flora silvestres, salvo en los casos en que la conducta se refiera a una cantidad insignificante de dichos especímenes y tenga un impacto insignificante en el estado de conservación de la especie;
7. el comercio de especímenes de especies protegidas de fauna o flora silvestres o de partes o derivados de las mismas, salvo en los casos en que la conducta se refiera a una cantidad insignificante de dichos especímenes y tenga un impacto insignificante en el estado de conservación de la especie;
8. cualquier conducta que cause un deterioro significativo de un hábitat situado en un lugar protegido; hay que subrayar que, según la letra c) del artículo 2 de la Directiva, por "hábitat situado en un lugar protegido" se entiende cualquier hábitat de especies para el que una zona esté clasificada como zona de protección especial con arreglo a los apartados 1 o 2 del artículo 4 de la Directiva 79/409/CEE, o cualquier hábitat natural o un hábitat de especies para el que un lugar esté designado como zona especial de conservación con arreglo al apartado 4 del artículo 4 de la Directiva 92/43/CEE;
9. la producción, importación, exportación, comercialización o utilización de sustancias que agotan la capa de ozono

La mayoría de estos delitos contra el medio ambiente incluyen la condición de causar la muerte o lesiones o daños graves a las personas o al medio ambiente. En estos casos, la (no) acción por sí sola no se considera delito. Esta enumeración confirma que el "delito contra el medio ambiente" es un concepto amplio que engloba conductas muy diferentes, y no todas ellas están incluidas en el Artículo 3. Por ejemplo, los delitos relacionados con la seguridad alimentaria o el bienestar de los animales no se contemplan en la Directiva.

En virtud de sus artículos 6 y 7, la Directiva introduce un régimen de responsabilidad de las personas jurídicas y pide a los Estados miembros que establezcan sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias. La cuestión de las sanciones penales se planteó a raíz del mencionado asunto C-176/03 Comisión contra Consejo en el que se cuestionaba si la competencia comunitaria en materia de Derecho penal se limitaba únicamente a la definición de las infracciones penales o se extendía también a la elección de las sanciones penales por los Estados Miembros. El problema se resolvió de nuevo ante el TJUE después de que la Comisión impugnara la legalidad de la adopción de un instrumento del tercer pilar (en lugar del primer pilar) sobre la contaminación procedente de buques, donde el Tribunal volvió a compartir la opinión de la Comisión aclarando al mismo tiempo que la competencia de la Comunidad en materia de Derecho penal no se extiende a la determinación del tipo y el nivel de las sanciones (sunto C-440/05 Comisión contra Consejo, § 70). Más tarde, sin embargo, la UE obtuvo la competencia para determinar las sanciones y, por lo tanto, la revisión de la Directiva (véase más adelante) propone también nuevas disposiciones sobre las sanciones.

Sin embargo, no se mencionan los grupos delictivos organizados ni la corrupción. Los artículos 5 y 7 exigen la imposición de "sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias"; las sanciones penales se limitan a las personas físicas. No se indican sanciones mínimas ni máximas, lo que deja un amplio margen de discrecionalidad a los Estados miembros. La falta de un régimen uniforme de sanciones hace que la Directiva sea débil e ineficaz: cada Estado miembro puede interpretar el artículo 5 de forma diferente, lo que da lugar a la existencia de "paraísos de contaminación". La Directiva no elimina el problema práctico de que la mera decisión de tipificar como delito no influye ni en las decisiones de los fiscales de desestimar determinados casos de delito ambiental, ni en la discrecionalidad del juez para elegir las sanciones aplicables.