Datos sobre delitos ambientales en España
En España, la información y datos disponibles sobre el delito ambiental se han incrementado desde la creación de la Fiscalía Coordinadora de Medio ambiente y Urbanismo en 2006 y del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (SEPRONA) creado por la Orden General nº 72 de 21 de junio de 1988.
Aunque esta información ha contribuido a dar a conocer la evolución de los delitos ambientales en España, resulta sin embargo insuficiente para llevar a cabo los análisis requeridos de cada uno de los tipos delictivos ya que la información no aparece desglosada. La información sobre las personas jurídicas es escasa o inexistente lo que dificulta la persecución del delito ambiental. Esta información es necesaria para formular una estrategia de prevención del delito ambiental tal y como se recomienda en el Informe del Consejo de Ministros de la Unión Europea de 2019. No obstante, en el caso del tráfico ilegal de especies amenazadas de flora y fauna silvestre, España remite periódicamente información específica a la Secretaría CITES sobre el estado de cumplimiento de la Convención CITES. La nueva propuesta de Directiva incorpora entre las nuevas obligaciones que han de asumir los Estados miembros la recogida selectiva de datos y la elaboración de estadísticas que permitan evaluar la evolución de cada uno de los tipos de delitos ambientales (vid. art. 21 CP).
En España se aprecia en los últimos años un crecimiento de las infracciones penales conocidas y esclarecidas, así como en el número de condenas 
. A diferencia de lo que ocurre en otros delitos, la eficacia lograda con la aplicación de la normativa penal ambiental no se mide por el descenso de los delitos y las sanciones y condenas, sino por su incremento, que descubren lo que era hasta entonces la cifra negra del delito ambiental. En la mejora en la persecución del crimen ambiental se considera que puede haber influido la especialización de la Fiscalía y del SEPRONA, lo que ha sido reconocido por el Programa de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente (PNUMA) en su Informe sobre el Estado de Derecho Ambiental de 2019.
La nueva propuesta de Directiva incorpora entre las nuevas obligaciones que han de asumir los Estados miembros la recogida selectiva de datos y la elaboración de estadísticas que permitan evaluar la evolución de cada uno de los tipos de delitos ambientales.