Introducción
Los tribunales nacionales desempeñan un papel crucial a la hora de garantizar la eficacia del Derecho de protección de la naturaleza en la UE, controlando el respeto de las normas europeas de protección de la naturaleza en el territorio de los Estados miembros por parte de entidades públicas y privadas. El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (artículo 19 TFUE) determina el deber de los Estados miembros de proporcionar recursos suficientes para garantizar una protección jurídica efectiva.
A los tribunales nacionales se les puede pedir que juzguen la correcta aplicación de la legislación sobre conservación de la naturaleza, que valoren la transposición de las directivas europeas, que comprueben la designación de espacios Natura 2000 en el territorio nacional (número adecuado de espacios, superficie adecuada cubierta, consideración de los corredores ecológicos), que examinen los objetivos de protección de la naturaleza definidos a nivel nacional, evaluar la idoneidad de las estrategias de gestión de los espacios de protección de la naturaleza, supervisar la adopción de medidas adecuadas para alcanzar un buen estado de conservación de los espacios y de las especies, examinar el deber de vigilancia de los espacios y de las especies, investigar la supervisión de las actividades que puedan tener un impacto sobre los espacios o las especies, controlar el ejercicio de la función sancionadora cuando se produzcan actividades ilegales. El control jurisdiccional se extenderá también a la evaluación previa de proyectos potencialmente perturbadores, a la concesión de excepciones al régimen de protección, concretamente cuando se aleguen razones imperiosas de interés público de primer orden que justifiquen la prevalencia de intereses no ecológicos sobre los de conservación o restauración de la naturaleza.