Introducción
A escala mundial, los delitos contra el medio ambiente constituyen la cuarta actividad delictiva organizada, con un índice de crecimiento anual del 5 al 7%, lo que representa unas pérdidas anuales de 80.000 a 230.000 millones de euros.
Para combatir este desorden, la Directiva sobre Derecho penal obliga a los Estados miembros a introducir, en su legislación nacional, sanciones penales para las conductas dolosas o gravemente negligentes que causen o puedan causar daños en las especies o los hábitats. Estas infracciones deben castigarse con sanciones penales efectivas, proporcionadas y disuasorias.