Esto fue suficiente para crear duda razonable que el abogado del acusado utilizó con éxito para defender a su cliente. En un caso diferente, el fiscal seleccionó a un perito que proporcionó un informe no concluyente. Esto dio lugar a que no se probara el caso, a pesar de que ONG como Greenpeace esperaban que el caso tuviera grandes perspectivas de éxito. Sólo uno de los varios acusados fue condenado. Posteriormente, Greenpeace acusó a las autoridades españolas de falta de cooperación y negligencia. Sin embargo, este es uno de los casos que demuestran que una buena cooperación entre las autoridades de gestión y los organismos encargados de hacer cumplir la ley no basta para proporcionar pruebas sólidas que no puedan ponerse en duda.