La ausencia de una legislación adecuada se podría intentar sancionar por la vía del cohecho. Distinta es la situación en la que, aunque existe una normativa, las autoridades o funcionarios no realizan las inspecciones, silencian sus resultados, dan autorizaciones a actividades que no cumplen los requisitos legales, no aplican las sanciones, etc. Estas actuaciones se pueden sancionar por la vía de la prevaricación, genérica (art. 404 CP) o específica ambiental (art. 329 CP).